Una investigación de la DDI de San Isidro permitió desarticular un presunto plan para atacar a la fiscal María Paula Hertrig, quien había intervenido en una causa por una serie de robos bajo la modalidad de entradera.
Los principales sospechosos fueron identificados como Martín Darío Rettori, de 42 años, alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad N.º 31 de Florencio Varela, y Ariel Ernesto Libertini, de 47 años, detenido en la Unidad N.º 21 de Campana.
De acuerdo con la investigación, pese a encontrarse en establecimientos penitenciarios diferentes, ambos habrían mantenido comunicaciones y coordinado una presunta represalia contra la fiscal.
Los investigadores detectaron que los sospechosos habrían conseguido distintos datos personales de Hertrig y de integrantes de su entorno.
Entre la información que habría sido reunida aparecen números telefónicos de familiares, datos relacionados con vehículos, fotografías del domicilio y otros elementos vinculados con la vida personal de la funcionaria publica
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores surgió durante el análisis forense de uno de los teléfonos secuestrados: allí habría quedado registrada una consulta realizada apara obtener una fotografía de la fiscal a CHAT GTP .
Tres celulares secuestrados:
A partir de las evidencias reunidas, la Justicia ordenó realizar allanamientos simultáneos en los dos establecimientos penitenciarios.
Durante los procedimientos se secuestraron tres teléfonos celulares: uno en la Unidad 31 de Florencio Varela y otros dos en la Unidad 21 de Campana.
Los dispositivos serán sometidos a peritajes para reconstruir las comunicaciones, determinar con quiénes tuvieron contacto los detenidos y establecer cómo se obtuvo la información sobre la fiscal.
La investigación continúa:
Uno de los principales interrogantes que busca responder la investigación es cómo dos personas privadas de su libertad en cárceles diferentes pudieron mantener comunicaciones y, presuntamente, coordinar una maniobra contra una funcionaria judicial.
Los investigadores también buscan establecer si existieron colaboradores externos que hayan aportado información o participado de la presunta planificación.
Por el momento, la causa continúa bajo investigación y los elementos secuestrados serán fundamentales para determinar el alcance del supuesto plan y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.
El caso vuelve a poner bajo análisis los mecanismos de comunicación utilizados por personas detenidas dentro de los establecimientos penitenciarios y los controles destinados a impedir que desde las cárceles se puedan coordinar actividades delictivas.