El origen del pedido de envío de fuerzas federales por parte de la gobernadora obedece al conflicto por la recuperación territorial de la comunidad mapuche Quemquem . Representantes de derechos humanos están alertas por una eventual represión. El Presidente mandará gendarmes, pero en la misiva dice que la ley de Seguridad Interior no lo establece.
El presidente Alberto Fernández le comunicó anoche a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, su firme decisión de asistir a esa provincia con efectivos de Gendarmería para patrullar la zona en conflicto, en el marco de la colaboración permanente del Gobierno nacional con los gobiernos provinciales.“El Gobierno que encabezo sostiene como esencia del desarrollo político, una excelente relación con los gobiernos provinciales, cuna del federalismo que nos guía”, dice la nota enviada por Fernández a Carreras, como respuesta al pedido de asistencia en materia de seguridad realizado por la Gobernadora.
No obstante, el Presidente le recuerda a la mandataria provincial que “es la propia Ley 24059 de Seguridad Interior la que define que, las fuerzas federales y provinciales actuarán en conjunto, cuando se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior”.
En la misiva, Fernández reafirma que “no es este el caso ni mucho menos”. Y agrega: “Es por ello que sería aconsejable que, en uso del poder de policía que le otorga la Constitución de Río Negro, se pueda formar un cuerpo específico que se ocupe de los refuerzos del control y mayor seguridad en el futuro”.
El conflicto con los mapuche
Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, María Elena Naddeo y Juan Grabois, entre otros representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, están en alerta porque sostienen que la Arabela Carreras tomó la decisión de endurecer su posición respecto del conflicto por la recuperación territorial de la comunidad mapuche Quemquemtrew. «Están buscando provocar para justificar luego la represión y el desalojo del cerro y del acampe solidario montado allí mismo», agregó. El referente anticipó que la semana próxima van a insistir con la necesidad de establecer un corredor humanitario para asistir a la comunidad que no posee alimentos ni abrigo por el cerco policial que lleva casi un mes.
Hace dos semanas, representantes de la APDH de Argentina se habían reunido con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para expresarle su profunda preocupación por la situación represiva en Cuesta del Ternero, un territorio fiscal reclamado por los pueblos originarios, y que el gobierno de Río Negro pretende reconocer como de propiedad privada. Fueron acompañados por Orlando Corriqueo, coordinador del Parlamento Mapuche, Newen Loncoman, integrante del Consejo de Comunidades Indígenas, y de la APDH Bariloche. Fernández escuchó «la imperiosa necesidad de generar una mesa de diálogo y asistir con alimentos y abrigos a los pobladores del predio en cuestión, quienes están sitiados por las fuerzas represivas», reveló Naddeo. Esa mañana el ministro de Seguridad había tenido una conversación telefónica con la gobernadora, y luego aclaró ante la comitiva que «de ninguna manera comprometió el envío de tropas federales para intervenir en el conflicto de Cuesta del Ternero», ubicado a 15 kilómetros al noreste de El Bolsón. Aquel encuentro había culminado con la «coincidencia en la necesidad de evitar cualquier despliegue represivo que pueda ocasionar daños físicos y psíquicos a las personas que habitan los territorios, recordando como hechos de absoluta arbitrariedad las intervenciones que llevaron a la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel».
Los integrantes de la Lof Quemquemtrew habían realizado la recuperación del territorio ancestral que ocupa Rolando Rocco, cabeza visible de un entramado empresarial que obtuvo un generoso permiso para explotar el predio durante 90 años, condonaciones de deuda y apoyos económicos no reintegrables para la tala rasa del bosque, y la implantación de pinos. El martes 21 de septiembre el fiscal Francisco Arrien de El Bolsón mantuvo un intercambio con la Lof y se comprometió a esperar la realización de un trawun de comunidades, que el lunes 27 comunicaría la decisión adoptada en conjunto. Se le había pedido a Arrien el cese del hostigamiento de policías que merodeaban en el territorio. Sin embargo, la fiscal jefe de Bariloche, Betiana Cendón, solicitó al juez Ricardo Calcagno una orden de identificación de personas que devino en desalojo.
