Mañana 28 de marzo, los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano se paralizarán por 24 horas, tras la convocatoria de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que acusa a las cámaras empresarias de negarse a negociar un aumento salarial. La medida, que afectará a 10 millones de usuarios del AMBA, responde a la creciente preocupación de los trabajadores por la «destrucción del salario», un fenómeno que, según la UTA, mermó gravemente el poder adquisitivo de los conductores de colectivos que sus salarios no alcanzan a cubrir la canasta básica .
La crisis salarial en el sector del transporte es la principal causa de la medida de fuerza. Roberto Fernández, secretario general de la UTA, fue tajante en su declaración: «Ante el avance del tiempo y la destrucción de nuestro salario, fuente de sustento de nuestras familias, anunciamos un paro por 24 horas el 28 de marzo de 2025 a partir de las 00:00 horas». La postura de los trabajadores es clara: exigen un aumento que, según ellos, resulta imprescindible para afrontar la inflación y las dificultades económicas que atraviesan.
El conflicto viene de arrastre. En reuniones previas con el Ministerio de Trabajo, las partes no lograron llegar a un acuerdo, lo que llevó a la UTA a convocar la medida de fuerza. «Los empresarios reconocen la legitimidad de nuestro reclamo, pero amparándose en cálculos de costos, nada ponen en la mesa», añadió Fernández, dejando en evidencia la falta de voluntad negociadora por parte de los empleadores.
La posición empresarial: Sin recursos para una mejora
Por su parte, las cámaras empresarias del sector de transporte, como la AAETA, CEAP y CETUBA, argumentan que no pueden ofrecer incrementos salariales debido a los elevados costos operativos y la falta de apoyo estatal. Según los empresarios, el transporte público arrastra un déficit de ingresos que les impide afrontar una mejora salarial. La falta de recursos suficientes es, para ellos, la piedra en el zapato de cualquier negociación.
«El sector arrastra un severo déficit de ingresos», señalaron las cámaras, quienes, ante la inminencia del paro, solicitaron la intervención de la Secretaría de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria, según la Ley 14.786. Esta medida busca frenar el impacto del paro, que afectaría a cerca de 9 millones de viajes diarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), representando el 85% de los viajes del transporte público.
La respuesta del Ministerio de Trabajo
La audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo no logró brindar una solución al conflicto que mantiene en vilo a trabajadores del transporte público y a millones de usuarios del AMBA. El gobierno, que actuó únicamente como mediador, no presentó ninguna propuesta concreta ni tomó decisiones que pudieran resolver el fondo del problema. En lugar de interceder con medidas que alivien la crisis, fijó una nueva reunión para el 3 de abril, dejando a las partes en la misma situación de incertidumbre. «Se insta a las partes a acercar posiciones para mantener la paz social», expresó el mediador, pidiendo a empresarios y sindicalistas que encuentren una solución que evite mayores complicaciones.
Sin embargo, el rol del gobierno se limitó a ser un intermediario en un conflicto que afecta a muchos más que a los trabajadores de la UTA. El paro anunciado para el 28 de marzo de 2025 no solo golpeará los bolsillos de los choferes, sino que tendrá un impacto directo en la vida cotidiana de los ciudadanos que dependen del transporte público para sus traslados diarios.
En lugar de ofrecer respuestas concretas, la gestión se mostró incapaz de resolver las profundas diferencias entre empresarios y sindicatos, dejándolos a merced de negociaciones que parecen cada vez más lejanas.
