La investigación judicial por presuntas coimas en la provisión de medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó nuevos episodios en las últimas horas. Con el secreto de sumario prorrogado hasta el 19 de septiembre, el fiscal federal Franco Picardi dispuso una serie de allanamientos en Nordelta donde residen Emmanuel y Jonathan Kovalivker, propietarios de la droguería Suizo Argentina, y en un barrio privado de la localidad de Pilar donde vive el exfuncionario Diego Spagnuolo.
La Justicia federal avanza en la investigación de un presunto esquema de sobornos y administración fraudulenta que involucra a funcionarios nacionales y a la empresa Suizo Argentina, una de las principales proveedoras de medicamentos del país. El caso, que se inició tras la filtración de audios comprometedores, ya salpica a figuras centrales del oficialismo y se perfila como una de las causas de corrupción más graves que enfrenta el gobierno de Javier Milei.
Durante los últimos días, la fiscalía profundizó el rastreo patrimonial de los principales acusados y ordenó una serie de allanamientos en diversos domicilios, incluyendo los de los hermanos Kovalivker, del empresario Spagnuolo y del exfuncionario Daniel Garbellini. En los operativos, se buscó recolectar documentación comercial, correos electrónicos, registros de entradas y salidas y expedientes vinculados a compras realizadas por el Estado.
Uno de los hallazgos más relevantes fue una caja de seguridad en una sucursal del Banco BBVA, donde se encontraron 80.000 dólares en efectivo, presuntamente vinculados al circuito de sobornos que se investiga. Además, la fiscalía solicitó información detallada sobre ingresos y egresos en countries desde comienzos de año, lo que podría aportar más elementos al trazado del flujo de dinero.
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello presentó una denuncia penal contra el jefe de sistemas de Suizo Argentina, quien está acusado de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, por su presunto intento de entorpecer la investigación.
La causa también tuvo un giro inesperado con la renuncia de los abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz De Lamadrid e Ignacio Rama Schultze, quienes se apartaron del caso aduciendo motivos personales.
Otro hecho clave ocurrió el jueves por la noche, cuando declaró como testigo el consultor Fernando Cerimedo, quien brindó detalles sobre supuestas conversaciones previas con Spagnuolo en las que se habrían mencionado pagos indebidos y maniobras irregulares. Su testimonio fue determinante para que el Ministerio Público Fiscal localizara la mencionada caja de seguridad.
Entre los principales investigados figuran el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem. También están involucrados los hermanos Kovalivker y el empresario Spagnuolo. A todos se los imputa por presunta participación en un esquema de sobornos, administración fraudulenta y violaciones a la Ley de Ética Pública, con posible afectación de fondos públicos.
En las próximas semanas, la fiscalía continuará analizando documentación bancaria y fiscal pendiente de entrega, mientras se esperan nuevas citaciones judiciales. En un contexto político ya marcado por la tensión institucional, el avance de esta causa podría tener un impacto significativo en la imagen y estabilidad del gobierno.
