Prestadores de servicios para personas con discapacidad advirtieron que continúan los atrasos en los pagos, persiste la falta de actualización de los aranceles y más de 227 mil solicitudes de pensiones permanecen sin respuesta.
A un año de la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones del sector aseguran que la norma continúa parcialmente incumplida y que varios de sus aspectos se encuentran judicializados.
Según señalaron, la situación mantiene en crisis a los prestadores, quienes reclaman el cumplimiento efectivo de la ley, la regularización de los pagos y una actualización de los aranceles para garantizar la continuidad de las prestaciones.
