El Gobierno nacional modificó el régimen de indemnizaciones por despido al establecer un nuevo criterio para calcular la antigüedad laboral, una medida que generó reacciones contrapuestas entre el sector empresario y especialistas en derecho del trabajo.
A partir del decreto, la base para calcular la indemnización estará integrada únicamente por el salario básico convencional y las sumas remunerativas que sean normales, habituales y mensuales.
En consecuencia, quedarán excluidos del cálculo conceptos como premios, bonos, aguinaldo, horas extras, participación en las ganancias, plus vacacional, sumas no remunerativas y otros pagos de carácter extraordinario.
Especialistas en materia laboral señalaron que el impacto de la medida será diferente según la composición del salario. En el caso de quienes perciben un sueldo fijo, los cambios serían limitados. Sin embargo, los trabajadores cuyos ingresos dependen en gran medida de comisiones, bonos, premios u otros conceptos variables podrían recibir una indemnización menor en caso de despido.
Desde el Gobierno argumentan que la modificación busca otorgar mayor previsibilidad a las empresas, unificar criterios para el cálculo de las indemnizaciones y reducir la litigiosidad laboral.
En cambio, abogados laboralistas y representantes de la CGT cuestionaron la decisión al considerar que implica una reducción de los montos indemnizatorios que perciben los trabajadores despedidos y podría afectar derechos adquiridos.
La nueva normativa también abre la puerta a futuras controversias judiciales. En particular, los tribunales laborales deberán definir cómo interpretar el concepto de «habitualidad» respecto de determinados pagos y beneficios, un aspecto que será clave para determinar qué conceptos integrarán la base de cálculo de las indemnizaciones en cada caso.
