Ayer en el Presidente en conferencia de Prensa anunció un decreto para agilizar sanciones contra empresas que participen de explotaciones hidrocarburíferas que Argentina considera ilegales. También enviará al Congreso una nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El presidente Javier Milei anunció ayer jueves por la noche, durante una cadena nacional, un paquete de medidas para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y responder al avance del proyecto petrolero Sea Lion.
Entre las medidas, el Gobierno dispuso un mecanismo para agilizar la aplicación de sanciones previstas en la Ley 26.659 contra empresas que participen, directa o indirectamente, de actividades de exploración o explotación de hidrocarburos sin autorización argentina en el área que el país considera parte de su plataforma continental.
El nuevo esquema contempla un sistema de intercambio de información entre organismos estatales y la Cancillería para detectar posibles incumplimientos. Además, se incorporarán controles y declaraciones juradas en trámites vinculados con hidrocarburos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Sanciones para empresas y proveedores
Durante su discurso, Milei adelantó que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para endurecer las sanciones contra compañías vinculadas con operaciones que el Estado argentino considere no autorizadas.
La iniciativa también apunta a extender las medidas a accionistas, directores y proveedores de las empresas involucradas. Entre las restricciones previstas figura la imposibilidad de contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado.
El proyecto propone además crear un Consejo de Seguridad Nacional, integrado por distintas áreas del Estado, para coordinar políticas vinculadas con la defensa y la seguridad nacional.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
El anuncio se produjo en medio del avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas y operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las empresas sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con respaldo británico, mientras que la Argentina considera que esas actividades son ilegales
Milei también anunció un refuerzo del presupuesto del Ministerio de Defensa para avanzar con una base naval integrada en Tierra del Fuego, además de fortalecer capacidades estratégicas y de telecomunicaciones en el Atlántico Sur.
Desde el Gobierno señalaron que las nuevas medidas buscan utilizar herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para defender el reclamo argentino sobre las islas y sus recursos naturales.
