Hay intencionalidad. Hay especulación. Hay un desmantelamiento sistemático de políticas ambientales ya de por sí insuficientes. Donde debería haber bosque nativo, hoy hay pinos implantados. Donde debería haber cuidado del territorio, aparecen granadas del Ministerio de Defensa Nacional en el Lago Epuyén. Y donde debería haber prevención y protección, hay ataques directos del gobierno de Javier Milei a la Ley de Manejo del Fuego, impulsada en su momento por Máximo Kirchner, que prohíbe el cambio de uso del suelo tras los incendios justamente para impedir el llamado negocio del fuego.
Los incendios no son solo llamas: son bosques centenarios destruidos, animales incinerados, viviendas reducidas a cenizas y familias expulsadas de sus hogares, huyendo con lo poco que pueden cargar —perros, ovejas, herramientas— mientras se arrasan las condiciones materiales de vida de comunidades enteras.
En ese contexto, la pregunta resulta inevitable: ¿de qué producción hablan?
¿Qué modelo productivo puede sostenerse sobre la devastación ambiental, el desplazamiento forzado y la pérdida irreversible de bienes comunes?
Frente a esta realidad, lo que emerge es negación, desconexión y una crueldad que roza la estupidez. Un discurso que se pretende racional y moderno, pero que resulta cada vez más artificial y menos inteligente, incapaz de comprender los límites ecológicos y humanos del territorio que gobierna.
Hoy, más que una política ambiental ausente, lo que parece gobernar es el sinsentido: un proyecto que confunde desarrollo con saqueo y libertad con destrucción.
