El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó el cierre definitivo del convenio que mantenía con el Estado nacional para la administración de las compensaciones tarifarias del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida quedó establecida mediante el Decreto 875/2026, publicado el pasado lunes en el Boletín Oficial bonaerense.
Con esta decisión, la Provincia asumirá de manera plena la administración del sistema de subsidios para las líneas de colectivos de jurisdicción provincial y municipal, consolidando un esquema de financiamiento propio que ya comenzó a implementarse este año.
Desde el Gobierno bonaerense señalaron que la medida responde al cierre administrativo de un convenio que había cumplido su función. Sin embargo, la resolución también tiene una fuerte lectura política, ya que se inscribe en la disputa que mantienen la administración de Kicillof y el Gobierno del presidente Javier Milei por la distribución de recursos, el financiamiento del transporte público y el alcance de la autonomía provincial frente a la Nación.
El acuerdo que ahora quedó sin efecto había sido suscripto en diciembre de 2018, en el marco del Consenso Fiscal firmado entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. A través de ese mecanismo, el entonces Ministerio de Transporte de la Nación calculaba mensualmente las compensaciones tarifarias destinadas a las empresas prestatarias, mientras que la Provincia era responsable de distribuir esos fondos entre las compañías bonaerenses.
El convenio permaneció vigente durante más de siete años y fue prorrogado en diez oportunidades mediante distintas adendas. Su última extensión fijó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha a partir de la cual comenzó a regir un nuevo esquema de financiamiento diseñado por la administración provincial.
La modificación se concretó con la creación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA, establecido por el Decreto 3231/25. El nuevo sistema reemplazó el mecanismo de asistencia técnica que brindaba el Estado nacional y otorgó a la Provincia la facultad de calcular y distribuir de manera autónoma los subsidios destinados al transporte público.
En los fundamentos del Decreto 875/2026, el Ejecutivo bonaerense sostuvo que la implementación del nuevo régimen volvió «innecesaria» la continuidad del convenio firmado en 2018, por lo que dispuso su cierre definitivo y dio por concluido el vínculo administrativo que regulaba la gestión compartida de las compensaciones tarifarias.
